Cómo atajamos la Ley Monsanto-von Baer

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Con mensajes viralizados en redes sociales, los senadores sintieron la funa ciudadana expresada en las listas “verde” y “roja” sobre su postura frente a esta ley. Y nuestro lobby constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas, colectivos y organizaciones logró que 21 senadores comprometieran públicamente su rechazo al proyecto de “Ley Monsanto” y también lo hicieran los candidatos presidenciales alternativos al binominal

 

ley monsanto
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Encargada del área de semillas y transgénicos de RAP-Chile y vocera de Yo No Quiero Transgénicos en Chile.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique , mayo de 2014

La retirada de la Ley Monsanto-von Baer fue la primera medida del del gobierno de la presidenta Bachelet, a través de la ministra secretaria de gobierno y ex senadora, Ximena Rincón. El senado se aprestaba a votar ese proyecto de nombre críptico: “Ley de Derechos de Obtentores Vegetales”. Se requirieron seis años de lucha para atajar la iniciativa firmada por Michelle Bachelet en 2008 e impulsada por Sebastián Piñera, que garantizaba más lucro para las transnacionales semilleras a costa de la agricultura familiar campesina y la biodiversidad. Interpelada duramente en actos de campaña electoral en Limache y Temuco, la entonces candidata había prometido “revisar” el proyecto.

En 2008, pocos sabían que Monsanto controla el mercado global de semillas transgénicas y con sus empresas Anasac Chile y Seminis, es la principal “obtentora” (dueña) de semillas híbridas. La gente tampoco asociaba el cáncer y las enfermedades crónicas, con la agricultura intensiva en uso de plaguicidas ni con los alimentos transgénicos. Fue clave la visita a Chile de la documentalista francesa Marie Monique Robin el 2009, invitada por la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) a lanzar su célebre video “El Mundo Según Monsanto”.

En el escenario actual, seguiremos trabajando por semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar la protección de la semilla mediante los instrumentos legales internacionales que Chile no ha ratificado, y contribuir a la elaboración de una ley que resguarde la biodiversidad y asegure la libre disposición y comercialización de la semilla local y del agua para la producción agroecológica, garantizando mecanismos de comercialización para las y los productores de la agricultura familiar campesina.

El triple pack pro transgénicos

Monsanto, Syngenta, Dupont-Pioneer, Bayer y su socio chileno, el clan von Baer, buscan avanzar hacia la legalización de los cultivos transgénicos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas, autorizados sólo para la exportación.

Empresas y gobiernos idearon un “triple pack” cuya primera parte era lograr la aprobación del Convenio UPOV 91 de propiedad intelectual sobre la semilla. La segunda era derogar la actual ley de semillas y remplazarla por la Ley Monsanto. La fase 3 incluía retomar la discusión de la Ley de Transgénicos (llamada de Bioseguridad). La movilización social desbarató ese plan. El UPOV91 aprobado en 2011 por el senado, sólo era válido si se aprobaba la Ley Monsanto.

Como RAP-AL estuvimos el 2010 en la Cámara de Diputados, alertando sobre el real significado del proyecto de ley que propinaría un golpe mortal a la agricultura familiar campesina, junto a agricultores orgánicos del Biobio y Chiloé, ANAMURI, Grain, Biodinámicos, CET y el obispo emérito de Chiloé Juan Luis Ysern. El entonces presidente de la comisión de agricultura, Marco Enríquez-Ominami, se mostró receptivo a nuestros planteamientos, sin embargo su ingreso a la carrera presidencial dejó un vacío en la interlocución y en marzo de 2010 la Cámara aprobó el proyecto de Obtentores Vegetales, un día antes que asumiera el presidente Piñera y el nuevo parlamento.

Un año después, el Senado aprobó entre gallos y medianoche el Convenio UPOV 91. “Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena” fue el titular de inicio de una serie de artículos que publicamos sobre el tema. El Tribunal Constitucional se negó a declarar ilegal ese convenio, solicitud formulada por 17 senadores apoyados por organizaciones campesinas, indígenas, y sociales.

El gobierno de Piñera envió en 2011 al Senado indicaciones para el proyecto de BioSeguridad/Transgénicos, pero no pudo avanzar: ya se dibujaba otro paisaje social. La movilización estudiantil copó la agenda, dándonos tiempo para compartir con comunidades campesinas e indígenas y estar en debates estudiantiles, de Iquique a Chiloé, con ayuda de “Chile, la semilla campesina en peligro”, mi libro reportaje, el primero referido a las guardadoras de semillas, y a las leyes relacionadas con el tema.

Nace la campaña YNQT

Ese año 2011 nació la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, en cuya fundación participó RAPAL junto a BioBio Orgánico, la Red SocioAmbiental de Valparaíso, la Asamblea Social del Limarí, la Red Ambiental del Norte, Chiloé Orgánico, Tierra Nueva, la Revolución de la Cuchara, OLCA, Consumidores Conscientes de Valdivia, Linares y Ancud, y Permacultores de la BioRegión del Maipo, entre otros colectivos. Se multiplicaron las actividades de difusión que incluyeron un video de la campaña (seguido por un documental de los “Transgeniales”) y más adelante, fotos con Vandana Shiva, Manu Chao y Natalia Contesse adhiriendo a la causa. Hicimos cabildos en Chillán con BioBio Orgánico y publicamos la Guía de Alimentos que Pueden Contener Transgénicos; desarrollamos talleres y acciones de autoetiquetado de alimentos transgénicos en supermercados de Santiago y regiones, con la iniciativa Exige Vivir Sano.

En 2012, el testimonio de apicultores en una audiencia pública convocada por el Consejo para la Transparencia, visibilizó por primera vez el daño causado por las semilleras: polen contaminado por el maíz transgénico. El significativo fallo del Consejo, que puso fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos, fue la respuesta a una demanda presentada por RAP-AL en 2009.

En brazos de la pujante campaña, la senadora Ximena Rincón presentó un proyecto de moratoria a los transgénicos y etiquetado de los alimentos con ingredientes de ese tipo. Un estudio del científico francés Gilles Séralini evidenció daños en pulmón e hígado y enormes tumores en ratas alimentadas toda su vida con maíz transgénico y Roundup de Monsanto, lo que alertó a sectores cada vez más amplios de la población que estos alimentos no son sanos ni seguros.

En 2013 el gobierno de Piñera puso urgencia a la Ley de Obtentores, y la campaña la rebautizó como Ley Mosanto, aludiendo a su mayor beneficiario, junto a las empresas semilleras. Nació la Red de Semillas Libres.

Argumentamos en la Comisión de Agricultura del Senado, que era una ley innecesaria. Las empresas registran todos los meses sus híbridos en el Registro de Semillas (dependiente del SAG), nacido al amparo de la actual ley de Semillas y del Convenio UPOV del año 1978, y obtienen enormes ganancias por su venta. Dijimos que los países ricos en biodiversidad NO han firmado el convenio UPOV 91 y tampoco lo han hecho países como Canadá, Nueva Zelanda e Italia que están entre los principales registrantes de semillas en Chile. Denunciamos que el intercambio de semillas, una práctica ancestral, sería criminalizada y los campesinos y campesinas ya no podrían disponer libremente de la semilla.
Explicamos que generaría pérdida de biodiversidad por erosión genética y porque las semillas nativas, así como las locales campesinas e indígenas no tienen protección legal. Podrían ser registradas mediante cambios cosméticos obtenidos en laboratorio a fin de ser “distintas” de otras variedades. Chile no tiene catastro de su patrimonio fitogenético ni ha firmado los tratados internacionales de Naciones Unidas que protegen esos bienes (el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología: los Protocolos de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados; y de Responsabilidad y Compensación por Daño; el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos).
Denunciamos que los pueblos indígenas no habían sido consultados según dispone el Convenio 169. Señalamos que los consumidores dependeríamos de los supermercados y la agroindustria porque los campesinos al no poder pagar todos los años semillas caras, migrarían a la ciudad y en sus territorios los monocultivos transgénicos remplazarían los cultivos alimentarios.Lo dijimos en el Senado y lo gritamos en la calle, en marchas, velatones, intercambios de semilla y ferias.

Con mensajes viralizados en redes sociales, los senadores sintieron la funa ciudadana expresada en las listas “verde” y “roja” sobre su postura frente a esta ley. Y nuestro lobby constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas, colectivos y organizaciones logró que 21 senadores comprometieran públicamente su rechazo al proyecto de “Ley Monsanto” y también lo hicieran los candidatos presidenciales alternativos al binominal. La presidenta Bachelet entendió el mensaje. Por ahora…

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