Abogado Rodolfo Noriega: «Existe una política de hostilidad y discriminación institucional en Chile hacia el migrante»

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«Un tercio de las víctimas fatales por parte de agentes del Estado son migrantes y nosotros no representamos ni siquiera el 10% de la población, apenas estamos bordeando el 5%», denuncia el Secretario General de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.


Santiago de Chile, 19 de diciembre 2019 (EPES).-El abogado Rodolfo Noriega Cardó, peruano refugiado en Chile hace 24 años, se reunió con las educadoras de Fundación EPES Sonia Covarrubias y María Stella Toro para explorar posibilidades de desarrollar labores de apoyo a la comunidad migrante de la zona sur de Santiago.

El Secretario General de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile precisó que existe particular interés de prestar ayuda a la comunidad haitiana respecto a la regularización migratoria, en el marco del proyecto que Fundación EPES desarrolla en la comuna de El Bosque.

La Coordinadora realiza hace más de 20 años esta tarea de asesoría y acompañamiento, pero con mayor presencia en otras comunas del país, en particular la zona norte y centro de la Región Metropolitana.

EPES aprovechó la visita de Rodolfo Noriega a su centro de Santiago para conversar de la contingencia y de cómo el actuar represivo del Estado está afectando en particular a la población migrante.

 -¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la población migrante en Chile?
- Existe un problema basal, que defino como una discriminación institucional frente al migrante, que tiene elementos claros: una política migratoria de carácter selectiva,  con una legislación que percibe la migración solamente útil si es conveniente a los intereses del país. Esta legislación se ha concretado en base a una serie de normas y prácticas institucionales que discriminan y segregan al migrante. Los migrantes no tienen los mismos derechos que una persona nacional, la Constitución Política no los valida como ciudadanos, las leyes no le permiten su inserción y las instituciones públicas tienen un tratamiento diferente.

Se trata de un problema basal, que requiere una reforma migratoria, un cambio de política y legislación, además de normas de carácter administrativo que respondan a los problemas con urgencia. En esta coyuntura, la población migrante vive una clara política de hostilidad, que ha sido implementada principalmente en Europa, Inglaterra, y hoy se replica en Chile con una total indolencia de parte de las autoridades. Esta hostilidad migratoria se enmarca en dificultar los procesos de regularización: una persona antes se demoraba en promedio cinco a seis meses en obtener una residencia en el país; hoy mínimo un año. Un año en que la gente está en una situación de semiregularidad, si ha tenido la posibilidad de ingresar regularmente al país. Chile ha elevado las barreras de ingreso, ha dificultado el acceso a los sistemas de salud, educación, restringiendo los derechos que habían sido reconocidos a la población.
La migración se ha usado como elemento de marketing político por parte del gobierno, no asumiendo su ineficacia para poder atender los problemas sociales del país, incluso en materia económica. El Presidente Sebastián Piñera responsabilizó a los migrantes del problema de la cesantía, lo que ha generado una situación de encono, y ha permitido y validado la existencia del resurgimiento de grupos neonazis.
Existe una política de hostilidad, que es una de las características de este gobierno. Esa manipulación ha llevado a situaciones trágicas, como expulsiones masivas que cada vez se repiten con más frecuencia. En 15 días, se han registrado dos procesos de expulsión colectiva de personas, casería de personas, de parte de las policías.

-¿Qué rol juega la población migrante en el proceso de constituyente?
-Desde nuestra posición, como activista y dirigente del movimiento migrante, pensamos que estamos a la par con el pueblo de Chile, participamos de igual manera.
De hecho, la Coordinadora Nacional, que agrupa a diversas organizaciones, es parte fundacional de Unidad Social, por tanto ha tenido un rol dentro del proceso y en la construcción del petitorio. Dentro de las demandas del movimiento Unidad Social, se encuentra la participación política de los migrantes, a un nivel mayor que el actual. Un ejercicio de la ciudadanía más completo, no solamente el derecho de la población migrante a votar, sino también que puedan ser electos dentro del proceso constituyente las personas que tengan una residencia de cinco años o la residencia definitiva en el país.
La comunidad migrante participa y se siente parte del movimiento social, más allá de la dirección de las organizaciones formales, aún cuando hay una política institucional de criminalizar nuestra participación.

-¿Esa criminalización es más evidente hacia la población migrante?
-Tiene una particularidad, ya que se asume que los responsables de los hechos considerados delitos, como los saqueos,  son los extranjeros infiltrados, es decir los migrantes. Los activistas extranjeros que vinieron a Chile. Incluso hay personas que con nombre y apellido aparecemos en un listado como implicados en la conducción y dirección de este plan para destruir el país y desestabilizar al gobierno, una situación  muy compleja porque nos coloca en riesgo. Cuando lo dice un diputado de la República y lo hace público ese riesgo es mayor.
La aseveración el inmigrante es el enemigo al cual hay que atacar es parte de la estrategia comunicacional del gobierno. Hay un enemigo externo e infiltrados -según el gobierno- a los cuales ya han expulsado, casi cien venezolanos y cubanos involucrados.
Algunos funcionarios públicos migrantes, cooptados del movimiento para hacer contención, han insistido en amenazar e intimidar a las personas para que no participen en las movilizaciones porque pueden ser expulsados del país.

 -Eso genera temor en la población migrante…
-Muchísimo temor. El problema que uno no es de acá, la consecuencia de eso es que te pueden expulsar. Si no tienes ninguna pertenencia en este lugar pueden prescindir de ti, y se frustra todo tu proyecto de vida.  Eso genera mucho temor en la gente. Lo otro es el uso abusivo de la fuerza de trabajo migrante. En estas circunstancias, los migrantes tienen que trabajar más horas, porque si quieres la pega tienes que hacerlo o sino te vas y viene otro. Los han obligado a trabajar durante toque de queda, muchos han sido detenidos por trasladarse a sus domicilios, todas situaciones que están documentadas.
En el marco del estallido social, la población migrante ha sido muy maltratada. Un tercio de las víctimas fatales por parte de las fuerzas armadas y de orden son migrantes y nosotros no representamos ni siquiera el 10% de la población, apenas estamos bordeando el 5%.

Hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos que no están contabilizados. Por ejemplo una mujer boliviana embarazada fue brutalmente agredida, y un joven peruano se encuentra en estado vegetal producto de la golpiza que recibió de agentes del Estado en la Plaza La Dignidad. Además, de las crecientes amenazas a activistas y dirigentes. Una situación particularmente compleja, no registrada, no reconocida, invisibilizada, pero es una realidad que debemos enfrentar.
Sin embargo, nuestra gente resiste. Lo que tiene de especial el pueblo migrante es su capacidad de resiliencia. Sigue pensando en Chile, sigue apostando por Chile. Hay una minoría que evidentemente en esta situación de crisis va a optar por regresar a su país, dar un pie atrás, pero la gran mayoría sigue pensando en que este es su país donde ha querido establecer su vida.

 

 

 

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