Comisión Interamericana de DDHH evalúa decretar “medida cautelar” a favor de niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro


El caso de “Belén”, con casi cinco meses de gestación, llegó a instancias internacionales. Un grupo de ONG’s chilenas y extranjeras presentaron una “solicitud de medidas cautelares” a favor de la menor que obligará al gobierno de Sebastián Piñera a responder los requerimientos del organismo. Y todo, en medio de los cuestionamientos de la prensa extranjera que califica a Chile como uno de los países más conservadores de la región y uno de los seis en el mundo que aún no contemplan el aborto terapéutico en su legislación.

belen(3)24 de julio de 2013 (The Clinic).- En un documento presentado ante el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez-Icaza, la Corporación Humanas le pide a la CIDH que solicite al Estado de Chile, “la adopción urgente de medidas para cautelar que la niña ‘Belén’ no sea compelida a llevar adelante el embarazo obligatorio que cursa tras las violaciones sexuales”.

La petición se fundamenta en que las leyes nacionales, “criminalizan toda interrupción del embarazo, incluso si éste es resultado de una violación, si la víctima es menor de edad, o si el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la embarazada”.

La firmante de la presentación es Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, quien explicó a este diario el alcance del escrito.

“Chile es uno de los 6 países en el mundo que aún criminalizan el aborto en todas sus formas. Y ante un país con una legislación de ese tipo, lo que estamos pidiendo es que se adopten todas las medidas de protección que se requieran para un caso como éste. No estamos pidiendo una interrupción del embarazo a toda costa”, indicó Carrera.

A renglón seguido insistió que Belén debió tener una opción antes de llegar a su estado actual, “porque la penalización absoluta, finalmente, es una violación a los derechos humanos de las mujeres y es por eso que da sentido pedir una medida cautelar”.

La abogada que tramita el caso ante la CIDH, Camila Maturana, explicó que la menor está “compelida” a continuar porque nunca pudo elegir, ya que en Chile si una mujer es violada y queda embarazada, aún cuando esté en riesgo su vida, también es un delito.

“Esta niña por su corta edad, puede sufrir una descompensación y un evidente riesgo. Por eso el Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la salud física y mental. Hasta ahora tiene sólo quince semanas de embarazo, pero claramente su cuerpo no está capacitado. La pregunta es hasta dónde será compelida a llevar este embarazo, aún cuando su vida pueda correr un riesgo. Porque al no existir una normativa clara, no está claro si los derechos de Belén se verán resguardados”, insistió.

Peso legal

La respuesta que deberá entregar el gobierno ante el requerimiento de la CIDH se enmarca dentro del peso de la ley, no sólo internacional, sino también la interna. Nuestro país es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en esa calidad ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 21 de agosto de 1990, reconociendo la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su vez, Chile ratificó e incorporó en su ordenamiento interno otras convenciones que operan jurídicamente sobre el caso de Belén. Se trata de la convención de los “Derechos del Niño” vigente desde el 27 de septiembre de 1990. Se suma la que propicia la “Eliminación Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 1989; así como de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” que es parte de la legislación nacional desde el 11 de noviembre de 1998.

De acuerdo a la legislación internacional, la presentación a la CIDH es derivada por esta última al Estado chileno que tiene un tiempo perentorio para responder.

“Dueño de sus palabras…”

El caso de Belén salió a la luz el pasado 5 de julio en un reportaje transmitido por TVN. En él se reveló que la menor era violada al menos desde los siete años por la pareja de su madre y que el 11 de junio, cuando presentó algunas molestias y ausencia de la regla, fue llevada al servicio de salud, donde se estableció que estaba encinta.

Transcurrieron varias semanas hasta que recién el 2 de julio pasado se decretó la orden de detención del sujeto, quien fue aprehendido al día siguiente en Puerto Varas, sin que en medio se hubieran decretado las medidas judiciales de protección de la menor.

El 6 de este mes el New York Times calificó a Chile como uno de los países más conservadores de la región y que la opción del aborto en casos similares ni siquiera estaba dentro de las más mínimas posibilidades de ser discutido en el gobierno de Piñera.

Palabras sacan palabras, el 8 de julio el diputado de la UDI Issa Kort, aseguró que una vez llegada la primera menstruación, cualquier mujer estaba en condiciones de ser madre. Era que no, el comentario encendió las redes sociales. Y siguió. Al día siguiente el Presidente Piñera selló con un broche de oro, aludiendo a la entrevista donde Belén aseguraba que cuidaría a su niña como “una muñeca en brazos”. El mandatario dijo: “Nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que, a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita”.

Dos días más tarde la BBC de Londres publicó un reportaje en su web, donde usando el caso de Belén, la estatal británica aprovechó de titular: “Niña chilena reactiva debate sobre el embarazo infantil”. En el reportaje expertos de distintos países aseguraban que mantener el embarazo en una menor como Belén era altamente riesgoso y encerraba un acto de violencia sexual que había que impedir a toda costa, entregando una estadística brutal: “16 millones de menores de 18 años dan a luz cada año en el mundo”.