EPES en Revista Punto Final. «La salud, 40 años en lista de espera»


En octubre de 2013, revista Punto Final publica el reportaje  «La Salud, 40 años en lista de espera», que relata el 23º Encuentro anual de Derechos Humanos y Memoria, convocado por la Coordinación de los Grupos de Salud y Fundación EPES. Por Isabel Díaz Medina

Revista Punto Final / Octubre de 2013

El Estado chileno no garantiza el derecho a la salud. Con un gasto público insuficiente y una deuda hospitalaria de 103 mil millones de pesos, el Estado traspasa fondos públicos a prestadores privados de salud que superan los mil millones de dólares al año.
Tras el golpe militar de 1973, se perdió la salud como derecho y se transformó en un bien de consumo. Las principales reformas impulsadas por los gobiernos de la Concertación no apuntaron a modificar el sistema impuesto por la dictadura. Por el contrario, profundizaron el modelo mercantil de la salud y de los derechos sociales en general. A 40 años de iniciado el proceso de privatización y de reinado del lucro en la salud, el desafío es la rearticulación del tejido social capaz de movilizarse por reformas estructurales del sistema.

ALLENDE Y LOS HITOS DE LA SALUD PUBLICA 
La Constitución de 1925 estableció como deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. El vuelco político de 1938, con el gobierno del Frente Popular, abre el capítulo de la democratización de la salud. Salvador Allende es designado en agosto de 1939 ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Ese mismo año, publicó La realidad médico-social chilena, en la que señala claramente que el principal condicionante del nivel de salud es el nivel socioeconómico de la población.
En 1952, la ley 10.323, que reformaba el Seguro Obligatorio, creó el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, que Allende impulsó como senador. El ex ministro de Salud del gobierno de la Unidad Popular, Juan Carlos Concha, asegura que “el Servicio Nacional de Salud fue un instrumento capaz de derrotar las peores lacras de la enfermedad y la miseria. Consolidó la solidaridad de los trabajadores con los estratos sociales de bajos ingresos que carecían de previsión social. Entre 1952 y 1970, ocurren cambios sociales y políticos que colocan a las fuerzas progresistas en condiciones de disputar la conducción política del país a las fuerzas de centro y a los representantes de patrones y latifundistas”.
El gobierno de Salvador Allende estructura un plan de acción sintetizado en 40 medidas, que abarcan lo político, lo económico y lo social. En el campo de la salud se priorizan las medidas tendientes a mejorar el estado de salud de la población, en especial de niños y niñas. Todos los escolares de la enseñanza básica, cuyos padres no se lo pueden proporcionar, tienen derecho a recibir desayuno y almuerzo gratuitos. Se asegura medio litro de leche diaria a todos los niños/as de Chile, hasta los 15 años de edad. También contempla la instalación de consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones, la asistencia médica y sin burocracia, la entrega de medicina gratuita en los hospitales, suprimiendo el pago de todos los medicamentos y exámenes. No más estafa en los precios de los remedios, previsión justa para todos.
Concha señala que “el medio litro de leche, y los Consejos Locales de Salud, resumen la profundidad de los cambios ocurridos durante el gobierno de la Unidad Popular, y el esfuerzo por cumplir con su objetivo principal, cual era salud igual para todos y participación del pueblo organizado en la protección de su salud. Parte de la herencia de Allende en el progreso en salud fueron la ampliación de los programas de protección materno infantil, que se extendieron hasta 1987; la mantención de los volúmenes del programa de alimentación complementaria; el control de la desnutrición a niveles no perceptibles; el control de las enfermedades infecto contagiosas a niveles cercanos a la erradicación, y la notable reducción de las muertes infantiles y maternas, entre otras”.

Esteban Hadjez, de la Universidad de Valparaíso.

Esteban Hadjez, de la Universidad de Valparaíso.

Esteban Hadjez Berríos, profesor de salud pública de la Universidad de Valparaíso, afirma: “En el periodo 1970-1973 podemos ver cómo la participación comunitaria en salud incide en indicadores sanitarios importantes. La historia de la salud pública se ha construido por distintos actores sociales con intereses antagónicos, no solamente por los médicos. Con la llegada al gobierno de la Unidad Popular, la participación de la comunidad en la salud se reconoce y expresa a través de las campañas masivas y la creación de los Consejos Locales de Salud y los comités conjuntos de salud en los policlínicos y hospitales. Las campañas de salud consistieron en la movilización prolongada de los trabajadores sanitarios y los pobladores, organizados en brigadas de salud dirigidas principalmente a ampliar la cobertura de atención, para evitar diarreas y bronconeumonía en niños y niñas, para educar y controlar a las mujeres embarazadas y para la prevención del alcoholismo”.

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Valeria García, monitora de salud.

LAS MONITORAS DE SALUD Y POBLADORAS DE LA BANDERA
“La salud: 40 años en lista de espera” -porque hoy ni nunca olvidaremos nuestra historia-, se denominó el 23º encuentro anual de Derechos Humanos y Memoria, convocado por la Coordinación de los Grupos de Salud y Fundación EPES (Educación Popular en Salud). Valeria García, monitora del Grupo de Salud Llareta de la población La Bandera, junto a sus compañeras dieron testimonio de la Unidad Popular y su lucha por el derecho a la salud y vida digna durante la dictadura militar. “En el gobierno de Allende participábamos en trabajos voluntarios con nuestros hijos, maridos, los hermanos, abuelos. Caminábamos juntos. El concepto de solidaridad y compromiso tenía sentido”.
En el encuentro de EPES, Valeria y Sonia García, Mónica Pérez, María Elena Flores entregaron su testimonio que como acto político buscan revitalizar. “Participábamos en concentraciones, en los Consejos Locales de Salud, en los policlínicos por manzanas. Fue en ese tiempo que las mujeres pobladoras, por primera vez, nos sentimos orgullosas, vivas, nos sentimos personas, cuando teníamos solo un norte y era el interés por el cambio social, y con ello alcanzar vida digna para todos y todas”.
Valeria dice que “el Grupo de Salud Llareta surgió hace 30 años, en plena dictadura militar, en medio de la negación a los derechos humanos, con falencias en materia de salud, vivienda y trabajo. Nos organizamos para intentar resolver los problemas de salud y la sobrevivencia diaria, para enfermarnos menos y nutrirnos más con lo poco y nada que había. Eramos mujeres que ya veníamos con una historia de participación, por tanto el Grupo Llareta, desde sus inicios, se transformó en un grupo de ‘choque’, mucho más consciente, no se limitaba a solo poner inyecciones”.

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María Eugenia Calvin, de Fundación EPES.

EL GOLPE Y EL LUCRO EN LA SALUD
La dictadura militar fragmentó el sistema sanitario, contrajo brutalmente la inversión pública en salud y creó los Institutos de Salud Previsional (Isapres), que son seguros privados con fines de lucro, lo cual generó una segregación en función de la capacidad de pago de los usuarios. El sistema sanitario abandonó su base solidaria y pasó a ser una mercancía, entregándole al mercado su regulación, y se municipalizó la atención primaria.
María Eugenia Calvin, de Fundación EPES, asegura que “la instalación del lucro en la salud, la educación, la previsión social, junto con el cierre de las industrias, la reducción de los salarios y la cesantía que afectó a grandes sectores de la población, crearon las condiciones estructurales que llevaron a una caída en los indicadores de salud. Se expresó en aumento de la desnutrición infantil, de las enfermedades infectocontagiosas, las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y tuberculosis, en la década del 80. Aunque los gobiernos de la Concertación han incrementado el gasto en salud, aún no alcanza el 4% del PIB que se destinó durante la Unidad Popular. El gasto público en salud ha sido insuficiente considerando la caída en la inversión bajo la dictadura, el aumento de la población, el deterioro de la infraestructura, la obsolescencia tecnológica, el déficit de camas hospitalarias y de infraestructura en el nivel primario”.
Para Calvin, “el debilitamiento del sistema público de salud, no solo ha significado para las mayorías limitaciones en el acceso, calidad y oportunidad en la atención médico-asistencial, sino también serias limitaciones en materia de prevención y promoción de salud, en donde problemas prioritarios para las organizaciones han quedado sistemáticamente relegados. Es el caso de la salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia y salud mental, entre otras”.

TRASPASO DE FONDOS PUBLICOS AL PRIVADO 
Danae Sinclaire, directora de Fundación Creando Salud, afirma que “ha habido un paulatino desmantelamiento de la salud pública a través de mecanismos que fueron fijados durante la dictadura militar y perfeccionados por los gobiernos de la Concertación, sin cambiar ninguno de los paradigmas. Por el contrario, profundizando la mercantilización. Durante los últimos 25 años, sucesivos gobiernos han favorecido la expansión del sistema de salud privado. El traspaso de fondos públicos a las clínicas -6.809 millones de dólares entre 2005 y 2012- es otro de los mecanismo por los cuales el sistema público de salud se ha ido desmantelando, favoreciendo la expansión de la red privada, que aumentó su capacidad en 20% desde 2005 a 2011”.
Este año el Estado entregará a las clínicas privadas 1.187 millones de dólares, equivalentes a 32 mil nuevos profesionales, cuatro hospitales de alta complejidad y 400 nuevos consultorios de atención primaria. Los mecanismos de traspaso son la modalidad de libre elección, compra de servicios, aumento exponencial con el programa Auge-GES, y política de concesiones hospitalarias. Por cada un peso invertido en salud, el Estado subsidiario entrega 2,9 pesos a las clínicas privadas(1).
Sinclaire explica que a través de la modalidad de libre elección (MLE), los cotizantes de Fonasa pueden acceder a prestadores privados. Fonasa cancela una parte y la otra es cubierta por copago. Creada en 1985, y potenciada durante los gobierno de la Concertación, la MLE traspasa grandes cantidades de recursos públicos al sistema privado. Por ejemplo, una consulta médica de especialidad por MLE con un prestador privado cuesta doce mil pesos, de los cuales siete mil los paga Fonasa y cinco mil corresponden al copago del usuario. Así, la MLE en vez de “garantizar la libertad de elección”, genera un círculo vicioso en el que se entregan menos recursos al sistema público y luego se lo hace competir con un sistema privado que recibe más ingresos. Además, en este modelo de negocios, los “costos” de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y éstas a su vez se ven aumentadas por los traspasos de fondos públicos. El dinero permanece en el holding, que obtiene enormes utilidades. Se consolida la segregación del sistema, similar a la que se produce en educación, donde se enarbola otra libertad, la de enseñanza, para crear un sistema donde hay escuelas para pobres y escuelas para ricos, afirma la directora de Fundación Creando Salud.
En esta misma línea privatizadora, el gobierno de Ricardo Lagos inició una política de concesiones hospitalarias a través de la cual se adjudicaron dos hospitales -uno en La Florida y otro en Maipú- a un consorcio español. El Estado paga aproximadamente 600 millones de dólares por dos hospitales que cuestan menos de 300 millones. Más de 300 millones de dólares quedan como ganancia del concesionario. El gobierno tiene en agenda incluir once hospitales concesionados. Con ello, 2.200 millones de dólares irán directamente al lucro privado en el periodo de la concesión, que según los actuales contratos es de quince años(2).
Lautaro López, de EPES-Concepción y de la mesa regional de salud, señala que “se consolidó en Chile durante los gobiernos de la Concertación y el actual, un modelo de negocios de la salud que genera una atención segmentada en relación a oportunidad y calidad, existiendo un sistema público de salud que no responde adecuadamente a las necesidades y requerimientos de los usuarios. Los indicadores de salud tan difundidos en la propaganda oficial dan cuenta de ‘logros’ que tienen una clara dependencia del sector social al que se pertenezca. Los sectores populares no sólo reciben una deficiente atención en salud, sino también tienen una mayor morbilidad, prevalencia de enfermedades crónicas, menor cantidad de años de vida saludable y menor esperanza de vida”.
Agrega que “es así como la desigualdad social, económica y cultural generada por un modelo de desarrollo y crecimiento que favorece a una pequeña franja de la población, se plasma dramáticamente en la salud de las mayoría que dispone de menores ingresos, con deterioro de la calidad de vida. Aún ante la evidencia de lo inadecuado de un sistema de salud privatizado, los propagadistas del modelo afirman que se debe seguir avanzando en el mismo sentido, es decir, profundizar la privatización, manifestando que esa es la forma de resolver los problemas del sistema público, escenario que les permite aumentar aún más las ganancias”.
Para Lautaro López, superar este modelo de salud y generar un modelo distinto requiere luchar por el derecho a cobertura universal, con garantía de protección financiera y calidad; salud pública fortalecida mediante recursos e inversión; solidaridad como rector del sistema, y democratización y participación en las decisiones por parte de los y las trabajadoras de salud y la comunidad.

Isabel Díaz Medina

Notas:
(1) Fundación Creando Salud.
(2) Fundación Creando Salud.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 791, 11 de octubre, 2013)

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