EPES en revista Somos. «En estado crítico. La salud como derecho humano»


En diciembre de 2013, revista Somos publica el reportaje  «En estado crítico. La salud como derecho humano». El artículo relata la crisis del sistema público y de la iniciativa «Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud», de EPES.

Por Isabel Díaz Medina

Revista Somos / Diciembre de 2013

La salud pública en Chile enfrenta un déficit estructural de financiamiento, lo que genera inequidad en el acceso. Así como otras áreas de los derechos fundamentales de la ciudadanía, la salud hoy se encuentra en crisis. A partir del modelo económico impuesto hace más de 30 años, los derechos sociales pasan a ser bienes transabais en el mercado, situación que sistemáticamente ha producido segregación y desigualdad.

La Constitución de 1980 establece que “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. Con ello, se generó un cambio radical en materia de salud al entender delegables las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, permitiendo la participación de los privados en un ámbito que había sido reservado de manera casi exclusiva al sector público.

Otro punto relevante en el retroceso del derecho a la salud es la visión medicalizada, que ha debilitado la promoción y la prevención. La salud pública debe ir mucho más allá de la enfermedad, trascendiendo la cama clínica y los centros asistenciales. La salud como derecho es también un bien social que hay que cuidar, a través de la prevención, la promoción y la educación de la población. Cuando esos cuidados fallan, el Estado debe garantizar el acceso a la medicina, al tratamiento y la recuperación. 1

as organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales de la salud realizan una dinámica de grupo antes del inicio del plenario de la asamblea por el derecho a la salud. (Fotografía: Isabel Díaz)

Las organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales de la salud realizan una dinámica de grupo antes del inicio del plenario de la asamblea por el derecho a la salud. (Fotografía: Isabel Díaz)

Un problema estructural

Camilo Cid, Economista de la Salud, Doctor en Economía y profesor de la Universidad Católica, señala que Chile es el país más alejado del esquema promedio de distribución del financiamiento. La Organización Mundial de la Salud, OMS, sugiere que el gasto en salud sea cercano al 6% del PIB para países como Chile, sin embargo es inferior al 4%.

Peor aún, el gasto público en salud es menos de la mitad del gasto total (47%). De acuerdo a cifras oficiales, para financiar la salud de cerca de 13 millones de chilenos se utiliza el 3,41% del PIB, mientras que la salud privada, que atiende a 2,8 millones, concentra el 4,4% del PIB. El gasto de bolsillo es el más alto de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE: (38%). En este ítem, la OMS sugiere que no debe sobrepasar el 10 al 15%. El nivel de cobertura del sistema de salud chileno es cuestionado por la baja protección financiera.

“Si una persona desea ser atendida con homeopatía o acupuntura, debe poder elegir. El Estado debe procurar satisfacer esa demanda y la de los pueblos originarios, los cuales tienen sus propios sistemas de abordaje de salud". Dr. Jorge Alonso, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina.

Estas cifras fueron expuestas en la II Asamblea Interregional Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud, convocada por Fundación EPES, en octubre pasado, en el Archivo Nacional, en Santiago, en la que participaron más de cien representantes de organizaciones sociales y de los gremios de la salud de cinco regiones del país.

En dicho encuentro, el debate profundizó en torno a las estrategias que permitan fortalecer las articulaciones regionales de organizaciones sociales y gremios, de manera de avanzar hacia un movimiento social que reivindique salud digna, gratuita y de calidad.

Las demandas surgidas en esa asamblea apuntan a cambios estructurales: Una nueva Constitución que garantice el derecho a la salud, fin al lucro, aumento del ingreso per cápita en atención primaria, no más traspaso de fondos públicos a la red privada, fondo único solidario e integral, desmunicipalización y descentralización de la salud.

Asimismo, hubo consenso en la importancia de la movilización y articulación social; fortalecimiento de las mesas regionales y territoriales de salud, integradas por organizaciones sociales, de usuarios y gremios, junto con expandir esta experiencia a otras localidades del país, y una mayor participación ciudadana en salud, que sea resolutiva y propositiva.

María Eugenia Calvin, de Fundación EPES, coordinadora de la iniciativa, manifiesta que “la ciudadanía organizada está cada vez más consciente de la necesidad de cambiar un sistema de salud que atenta contra el principio de igualdad, que genera discriminaciones en el acceso y calidad de atención. Las organizaciones sociales y gremiales reclaman un rol promocional y preventivo en salud por parte del Estado, el cual se ha visto debilitado en el marco de un proceso de desmantelamiento del sistema público de salud”.

Asimismo, señaló las limitaciones para el desarrollo de políticas adecuadas, la falta de mecanismos de participación deliberativa y vinculante, lo que dificulta el que se reconozca la diversidad territorial y de los diferentes grupos de población, lo que se ve agravado por la insuficiencia y a veces franca ausencia de enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en el diseño y ejecución de políticas y programas.

Ana María Lepe, dirigenta de FENPRUSS (Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud), denuncia ausencia de programas integrales de salud mental, y de carácter independiente para las mujeres que viven violencia de género; carencia de atención en drogadicción; falta de medicamentos a personas con VIH y poca claridad en la lista de remedios que cubre el AUGE, y problemas en la atención en consultorios y hospitales para pacientes con stress laboral, además de discriminación y deshumanización en el trato por discapacidad física, psíquica, VIF y embarazo de alto riesgo.

Recursos públicos a clínicas privadas

¿Cómo se explica que con una deuda hospitalaria de $103 mil millones, el Estado traspase fondos públicos a prestadores privados que superan los US$1.000 millones al año?

En la Asamblea convocada por EPES también se puso el acento en la falta de especialistas, sobre todo en salud mental, que además no considera terapias alternativas ni complementarias.La quinta causa de muerte se debe a la toxicidad de los medicamentos alopáticos. De ahí la relevancia de que el paciente tenga la potestad de elegir su propio destino terapéutico, y que éste no le sea impuesto por el Estado. Así lo destaca el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, Dr. Jorge Alonso, quien señala que “esto significa que si una persona desea ser atendida con homeopatía o acupuntura, pueda elegir. El Estado debe procurar satisfacer esa demanda y la de los pueblos originarios, los cuales tienen sus propios sistemas de abordaje de salud”.El Dr. Alonso afirma que una ventaja importante de incluir las medicinas complementarias a los sistemas de salud es el ahorro en gastos en medicamentos. Algunos desafíos en este campo de la salud son la elaboración de protocolos de calidad equiparables a la llamada medicina basada en la evidencia. Algunos ejemplos que destacan son el de Brasil, donde funciona el SUS (Sistema Único de Salud) desde 2006, por el cual el Estado brinda a su población, la posibilidad de atenderse con homeopatía, acupuntura, fitoterapia y termalismo, además de su sistema alopático. Y Cuba, donde el Estado mismo produce sus medicamentos naturales, para ponerlos a disposición de la población. 

El 2013, el Estado entregará a las clínicas US$1.187 millones, equivalentes a 32 mil nuevos profesionales, cuatro hospitales de alta complejidad y 400 nuevos consultorios de atención primaria. Los mecanismos de traspaso son la Modalidad de Libre Elección (MLE), compra de servicios: aumento exponencial con el GES, y política de concesiones hospitalarias. 

Desde el 2005 y considerando el presupuesto 2014, el Estado habrá transferido un total de 8.836 millones de dólares a las clínicas privadas. Entre el 2005 y el 2006 es cuando se produce la mayor expansión: 24,9%. Por cada $1 invertido en Salud, el Estado entrega $2,9 a las clínicas privadas. Así lo expuso en la Asamblea convocada por EPES, Matías Goyenechea, cientista político, de Fundación Creando Salud, quien asegura que “la lógica subsidiaria termina desmantelando la salud pública, la que ha favorecido la expansión vertiginosa de la red privada, que aumentó su capacidad en 20% desde el 2005 al 2011”. La política de subsidiar la demanda y transferir recursos públicos a los privados, termina por ser regresiva y aumenta el gasto de bolsillo (el mayor financiador de la salud en Chile) y debilita el sector público.

El especialista explica que a través de la Modalidad Libre elección (MLE), los cotizantes Fonasa de mayores ingresos pueden acceder a prestadores privados. Fonasa cancela una parte y la otra es cubierta por copago. Creada en 1985 y potenciada durante los gobierno de la Concertación, la MLE eleva el gasto de bolsillo y traspasa grandes cantidades de recursos públicos al sistema privado. Por ejemplo, en una consulta médica de especialidades por MLE a un privado se le paga $12.000, de los cuales $7.000 lo paga Fonasa y $5.000 es copago.

El Estado discrimina a sus propios hospitales, favoreciendo al sector privado con mejores precios por la misma actividad.

Guacolda Saavedra, del Centro Social Quidell de Talca, integrante de la Mesa por la Salud del Maule, afirma que el insuficiente financiamiento de la salud genera consecuencias graves, como la falta de recurso humano, carencias de infraestructura y equipamiento: “Los usuarios del sistema público, cerca del 80% de la población nacional, se ven enfrentados a la carencia de profesionales especialistas, por ende a largas listas de espera para la atención, entre otras carencias”.

Además, apunta a “la falta de presencia de las organizaciones sociales en los Consejos Locales de Salud. Existe poco incentivo de parte de la institucionalidad para incorporar a los usuarios, y deficientes relaciones y coordinación entre los organismos de salud y ciudadanía, que tiene poca información sobre el funcionamiento de la salud primaria y secundaria”.

Matías Goyenechea, de Fundación Creando Salud, junto al economista Camilo Cid, y el médico y magister en Historia Carlos Molina, en el panel sobre organización y financiamiento del sistema de salud en Chile. (Fotografía: Isabel Díaz)

Matías Goyenechea, de Fundación Creando Salud, junto al economista Camilo Cid, y el médico y magister en Historia Carlos Molina, en el panel sobre organización y financiamiento del sistema de salud en Chile. (Fotografía: Isabel Díaz)

Concesiones hospitalarias y lucro en salud

Las concesiones hospitalarias son una nueva forma de privatización encubierta y de traspaso de fondos fiscales al sistema privado. Para hacer frente a la falta de camas, el gobierno de Ricardo Lagos inició una política de concesiones hospitalarias a través de la cual se adjudicaron dos hospitales –uno en La Florida y otro en Maipú- a un consorcio español. Estos proyectos se licitan como uno solo y están avaluados en US$ 292 millones.

Matías Goyenechea asegura que los pagos que debe realizar el Estado al concesionario son por diversas vías, pero destacan dos: el subsidio fijo a la construcción y el subsidio a la operación. En el presupuesto 2013 se integra el “subsidio fijo a la construcción” para pagar la inversión de los hospitales de La Florida y Maipú con un monto de US$ 53 millones, por 8 años, lo que implica un total de US$ 424 millones por estos dos hospitales. Desde el 2014 y una vez puesto en marcha, el concesionario recibirá el subsidio a la operación por US$ 11 millones, por 15 años, contabilizando un total de US$ 173 millones.

La construcción hospitalaria concesionada será más costosa para el Estado, y el gobierno actual pretende dejar contratos de amarre, como las nueve concesiones en agenda, que involucran a los hospitales Salvador, Sótero del Río, Félix Bulnes, Chillán, Curicó, Linares, Quillota-Petorca, Quilpué y Antofagasta. Más de US$ 2.200 millones irán directamente a lucro privado en el periodo de la concesión, que según los actuales contratos es de 15 años.

¿Cómo se explica que con una deuda hospitalaria de $103 mil millones, el Estado traspase fondos públicos a prestadores privados que superan los US$1.000 millones al año?

En la década del 80 se fragmentó el sistema sanitario, se contrajo brutalmente la inversión pública en salud y se crearon los Institutos de Salud Previsional (Isapres), seguros privados con fines de lucro, lo que generó una segregación en función de la capacidad de pago de los usuarios. El sistema sanitario abandonó su base solidaria y pasó a ser una mercancía, entregándole al mercado su regulación, y se municipalizó la atención primaria.

Las utilidades del Sistema Isapres alcanzaron los $81.383 millones durante el año 2012.

En este modelo de negocios los “costos” de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y estas a su vez están aumentadas por los traspasos de fondos públicos.

Según un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a la Universidad de Valparaíso, las Isapres no pueden actuar como prestadores directos de acciones de salud —por ejemplo, clínicas o laboratorios— ni participar en la administración de los prestadores directos. En suma, se prohíbe la integración vertical entre seguro y prestador. Pese a ello, la integración vertical es parte del negocio de las Isapres, cuyo mercado, de un total de 13 operadores, es controlado en un 96,27 % por cinco actores: Banmédica y Vida Tres, que se consideran unidos por la estrecha vinculación de sus accionistas (25,23 %); Consalud (21,73 %); Cruz Blanca (19,77 %) del grupo Said; Colmena Golden Cross (16,07 %) y Mas Vida S.A. (13,41 %).

Camilo Cid afirma que “el surgimiento del sistema Isapres fue equivalente a implementar una reforma tributaria regresiva. Los recursos que estaban disponibles para el conjunto de la sociedad (la gente que pasa a Isapres existía y aportaba a un sistema público) pasan a estarlo para sólo una parte de ella, la más beneficiada, además. El diseño del financiamiento/seguro parece ser la causa de la segmentación y desigualdad en salud”.