Habla la Ministra Helia Molina. Salud pública v/s salud privada


«En cuatro años de gobierno, no podemos hacerlo todo, por tanto tomamos aquellos aspectos que nos parecen más sustantivos y que pueden producir un cambio favorable más rápido para las personas, lo que no es lo más profundo, ni es la gran reforma al sistema de salud», asegura la ministra de Salud, Helia Molina Milman.

Captura de pantalla 2014-09-12 a la(s) 12.48.30En entrevista con Punto Final, la ministra de Salud, Helia Molina Milman, criticó el modelo de concesión hospitalaria y el desvío de fondos públicos a las clínicas, aun cuando admitió que no cesarán las compras de servicios al sector privado. Helia Molina (67), médico cirujano con especialidad en pediatría, nefrología y salud pública, ha sido docente universitaria y desde mediados de los 90, asesora del Ministerio de Salud, Minsal.
Trabajó en los 70 en el Hospital Sótero del Río y en el consultorio Unidad Popular de La Florida, por lo cual fue detenida e interrogada por la CNI en 1974, cuando tenía cinco meses de embarazo. Es militante del PPD y dirigió la División de Políticas Públicas Saludables del Minsal en el anterior gobierno de Bachelet.
La ministra Molina enfrenta un escenario de creciente movilización, contra las políticas privatizadoras y la exigencia que el Estado garantice la salud como derecho y ponga fin al lucro en esta actividad.

-El gobierno ha dicho que heredó un sistema de salud en crisis. ¿En qué se evidencia la crisis del sistema de salud en Chile?
“Chile está viviendo una crisis en el sistema de salud que no solo tiene que ver con las políticas de los gobiernos. Hay una crisis porque Chile ha cambiado. El país ha envejecido, está en una transición demográfica avanzada, que cambió completamente el perfil de daño. Antes eran los problemas de salud materno-infantil, vacunas y antibióticos, mientras que hoy, predominan las enfermedades crónicas en adultos mayores, como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, las enfermedades traumatológicas y reumatológicas. Este nuevo escenario exige un nuevo sistema de salud. La gran apuesta del gobierno de la presidenta Bachelet es hacernos cargo de esta realidad, a través del fortalecimiento del sistema público, en particular de la atención primaria, en su capacidad resolutiva y de facilidad de acceso, de manera que la gente no tenga que ser tratada en forma indigna haciendo cola a las 4 de la mañana. Por eso, vamos a construir 330 establecimientos de atención primaria.
En 1990 encontramos el sistema de salud en crisis, en el suelo, con cero inversión en veinte años, con equipos obsoletos, hospitales roñosos, los consultorios daban pena. En los primeros veinte años de democracia, la red asistencial cambió. Usted va a un consultorio y es algo digno. Algunos son realmente bonitos: tenemos hospitales de primera categoría, pero sabemos que nos queda mucho por hacer.
El gobierno anterior impulsó un sistema de construcción de hospitales que, por razones que estamos investigando, quedaron a medio terminar (catorce establecimientos) o sin financiamiento para continuar las obras. Hay una crisis de salud pública, una crisis de oferta y una crisis de recursos humanos”.

FORTALECER EL SISTEMA PÚBLICO
-Parte importante del gasto público en salud termina siendo usado en compras y subsidios a la demanda en clínicas y prestadores privados. En 2013, la cifra de traspasos al sector privado superó los mil millones de dólares. ¿El Ministerio de Salud va a quedarse en la investigación de los casos más abusivos, o impulsará una política que permita que sean innecesarias las compras a privados?

“Toda nuestra política está orientada a fortalecer el sistema público, para que seamos autosuficientes y tengamos una oferta de servicios amplia y adecuada para las necesidades del país.
 Aunque el país cuenta con un ingreso per cápita de país desarrollado, el financiamiento en salud es de los más bajos de la OCDE. Esto es algo que debemos resolver.
Pensar que en el corto plazo no vamos a comprar servicios a los privados es una irrealidad, porque es una alternativa que siempre se ha usado en Chile. Lo que debemos evitar es que se realicen traspasos de recursos fiscales a privados que sean absolutamente contradictorios con el fortalecimiento del sistema público. No vamos a pagar el valor de un día cama de alto costo, si existe la posibilidad de obtener precios más equitativos del mismo nivel y categoría. En este sentido, nos estamos contactando con las Fuerzas Armadas para comprar camas a sus hospitales, los cuales tienen otro sistema de gestión, pero operan con fondos públicos”.
-¿Cuál es su evaluación respecto al Bono Auge, que también es interpretado como un mecanismo de traspaso de fondos públicos a privados?
“El Bono Auge no ha tenido un efecto en las listas de espera. El subsidio a la demanda, la entrega de bonos o boucher, no ha demostrado tener impacto en la salud pública. Preferimos utilizar esos fondos en fortalecer el sistema público y que la gente tenga una atención integral de buena calidad. Estamos, además, trabajando en la ‘Ley Ricarte Soto’, que crea un fondo nacional de medicamentos para las enfermedades catastróficas. Hay personas que gastan el 50% de sus sueldos en medicamentos. Muchas prácticamente hipotecan su vida para poder tratarse una enfermedad poco frecuente, pero cuyo tratamiento es de alto costo”.
-¿Considerando que no ha cumplido con su objetivo y que constituye un desvío de recursos públicos hacia el sector privado, se evalúa un plan de eliminación del Bono Auge?
“No le puedo responder eso. No somos partidarios del subsidio a la demanda, pero tampoco nos podemos negar a algún tipo de uso de instrumentos financieros o de servicios cuando no somos capaces de dar la atención. El Auge también tiene una garantía de oportunidad, es decir un tiempo. Una cosa es lo que a uno le gustaría hacer y otra, es lo que se puede”.
-¿Está en estudio redefinir los mecanismo de pago a los hospitales desde Fonasa? Un estudio de la Universidad Católica señala que los aranceles no alcanzan a cubrir los costos. Según esta investigación, el gasto de los establecimientos sobrepasa el 84%.
“Puede que en alguna prestación se alcance ese nivel, pero el promedio no es ese. Obviamente que el estudio de la Universidad Católica, del economista Camilo Cid, demostró claramente que están subvaloradas económicamente las prestaciones en el nivel primario, secundario y terciario del sistema de salud. Estamos buscando mecanismos de pago que sean más integrales, donde no se privilegie solamente el número de atenciones, sino los resultados sanitarios de éstas. Fonasa y el Ministerio están trabajando en conjunto, no solamente en mecanismos de pago, sino en cómo podemos darle integralidad al sistema, y optimizar y controlar los recursos de salud, que son de todos los chilenos”.

LAS CONCESIONES
-Usted anunció que no se realizarán más concesiones hospitalarias, que se revisarán todos los aspectos legales y los amarres del gobierno anterior. ¿En qué está esa investigación?
“El tema de las concesiones es un tema muy particular. Tenemos dos hospitales concesionados funcionando -La Florida y Maipú- y estamos evaluando la experiencia. En las concesiones que se licitaron en el gobierno anterior encontramos algo bastante catastrófico, desde mi punto de vista, que son los costos asociados tanto a la construcción, como al giro del negocio alrededor de la concesión.
Bajo este modelo, el Estado contrata una concesionaria para la construcción del hospital y a los cinco años comienza a pagar las cuotas. A cambio de esos cinco años de gracia, el Estado le entrega todo el giro del negocio fuera de lo clínico, desde la esterilización, aseo, comida, lavado de ropa, seguridad y estacionamientos. No vamos a demonizar lo que es negocio. El problema es que no hay un correlato armónico con lo que es la cultura de salud. Ha habido muchos problemas en los hospitales concesionados de La Florida y Maipú, donde se concesionaron cinco ítems, mientras que en los nuevos contratos aumentan a quince. Pudimos rescatar del proceso de concesión al hospital Sótero del Río, cuyo costo operacional era muy caro, impagable prácticamente. Aparte de los hospitales Salvador-Geriátrico, Félix Bulnes y el de Antofagasta, por los que Contraloría tomó razón, no habrá más concesiones en el gobierno de la presidenta Bachelet”.
-¿Concuerda en que el modelo de concesiones implica la generación de un enorme nicho de acumulación de capital para grandes empresas inmobiliarias?
“En términos de la construcción, es efectivo que el valor por metro cuadrado bajo el modelo de concesión es más caro. Pero a mí me preocupa más lo que significa el gasto operacional, que por el negocio de la concesionaria tiene un costo fijo y uno variable. En el caso de los hospitales de La Florida y Maipú, el costo variable se agrega cuando se ocupa más del 80% de las camas del recinto. En los nuevos hospitales licitados se aplicará cuando haya un 60% de ocupación de camas. En Chile, no hay ningún hospital que no tenga más del 60%, por lo tanto siempre va a operar un pago variable. El sistema de concesión hospitalaria es muy caro, no le veo ninguna ventaja”.
-En la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma a las Isapres, la directora de Fonasa, Jeanette Vega, propuso tomar los casi 3.200 millones de dólares que aporta el 15% de los chilenos con su 7% a las Isapres, y depositarlos en las cuentas de Fonasa. ¿Qué le parece esa propuesta?
“Me parece inteligente e interesante, pero no creo que en este gobierno se realicen cambios de nivel estructural tan potentes. Es una propuesta de la doctora Vega, que ha trabajado por años en el financiamiento del sector público y el acceso universal. La idea de la presidenta Bachelet de conformar esta comisión es generar una propuesta de ley, sin hacer perjuicio a nadie, que evite discriminaciones por edad o riesgo. Las Isapres también trabajan en una propuesta. Con mucha gente pensando inteligentemente, no en forma sectaria o con una idea fija, tiene que salir una propuesta que sea buena para la gente y para las instituciones. Hay países que tienen modelos de seguros públicos y privados, de los cuales tenemos que aprender”.

SALUD PARA RICOS  Y PARA POBRES
-Al igual que en la educación, el proceso de privatización de la salud ha generado segregación. Hay una salud para ricos y otra salud para pobres…
“El sistema mixto de salud, con la puesta en marcha de las Isapres durante la dictadura, se crea justamente para segregar. Hoy las Isapres son parte de la seguridad social, porque sus afiliados depositan el 7% de su remuneración imponible. El sistema segrega ‘voluntariamente’, porque no cualquiera puede cotizar en una Isapres.
El sistema de salud pública podrá no tener la hotelería del sistema privado, pero los resultados sanitarios son buenos. Es un sistema rescatable, que tiene que hacerlo mucho mejor para evitar que haya una salud para ricos, donde la atención es oportuna, hay flores y té; y un sistema público donde debes esperar mucho para obtener hora. Aunque luego de la atención quedas satisfecho, para acceder se debe pasar por situaciones que son indignas en muchos casos”.
-Bajo este gobierno, ¿el lucro en la salud no se va a tocar?
“Creo que en la salud no se debe lucrar con recursos públicos. No estoy en contra del lucro en la salud, porque si se hace bien, no le veo el pecado. A mí me molesta que las personas usuarias de las Isapres sean discriminadas, que habiendo depositado por años sus cotizaciones obligatorias, cuando envejecen tienen que cambiarse a Fonasa porque les suben tanto el seguro y el copago, que con la jubilación no les alcanza. Esto es la injusticia máxima. El sistema es totalmente inequitativo, y por eso estamos trabajando en la comisión presidencial, no porque el lucro sea un demonio en sí. Podrán seguir teniendo utilidades, pero no a costa de discriminar a las personas”.
-En este marco, ¿es posible avanzar en que la salud sea un derecho garantizado por el Estado y que deje de ser un bien de consumo?
“Absolutamente, una de las cosas que me hacen estar contenta con la idea de hacer una reforma constitucional es poder garantizar la salud como un derecho. Las personas son sujetos de derecho, entonces pueden reclamar, pedir cuentas y el Estado tiene que organizarse y reservar los recursos para garantizar el derecho a la salud. Cuando se habla de la salud como un derecho no es solamente garantizar una buena atención, sino que es mucho más amplio e integral, debe involucrar políticas que competen a otros Ministerios: políticas de vivienda, de seguridad ciudadana, de deporte, de urbanización, entre otras”.
-Para amplios sectores, garantizar este derecho implica un cambio del modelo de salud…
“El modelo que estamos propugnando no es un modelo que haya que cambiar, tan solo hay que intensificarlo. El gobierno de la presidenta Bachelet ha puesto en el centro el modelo de salud familiar. Por la complejidad de los problemas sanitarios actuales, necesitamos una salud más comunitaria, menos hospitalaria. Los hospitales no son el corazón de una reforma de salud. El tema es cómo nos hacemos cargo de la salud integral de las personas en lo biológico, en lo sicológico y en lo social. En cuatro años de gobierno, no podemos hacerlo todo, por tanto tomamos aquellos aspectos que nos parecen más sustantivos y que pueden producir un cambio favorable más rápido para las personas, lo que no es lo más profundo, ni es la gran reforma. La gente necesita ver señales de que algo se está haciendo. Eso es lo que la gente espera de nosotros”

ISABEL DIAZ MEDINA

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 809, 25 de julio, 2014
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