Entrevista a María Eugenia Calvin: “Los derechos actualmente reconocidos son una conquista de las mujeres y feministas”


«Es un derecho de las mujeres decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción. El aborto seguro y legal es un derecho de las mujeres, su negación atenta contra el pleno derecho de las mujeres a decidir tener hijos o no, y cuando tenerlos», señala Maria Eugenia Calvin, asistente social, encargada de planificación de EPES.

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29 mayo 2015. Publicado en Fondo Alquimia

Con una dilatada trayectoria en el activismo por los derechos de la salud de las mujeres, María Eugenia Calvin, asistente social y educadora en salud de Fundación EPES, despliega en sus respuestas a nuestras consultas, una mirada crítica y amplia en torno a la realidad de estos temas hoy en Chile.

¿Cuáles son los principales desafíos en torno al derecho a la salud de las mujeres hoy en Chile?

El desafío sigue siendo el ejercicio de los derechos ya reconocidos y que se cumplan efectivamente las leyes nacionales que los reconocen, las normas, protocolos y reglamentos.

Como ejemplos, respecto del test de Elisa (para detectar el VIH/SIDA) a las mujeres embarazadas se les realiza sin consejería previa y al ordenar el test en consultas privadas tampoco se proporciona esa consejería; no se ha integrado el condón femenino como método de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH/Sida.

A eso se suma que la violencia contra las mujeres no es una prioridad en la política de salud, no se ha implementado: sólo se hace detección de violencia en mujeres embarazadas, en los servicios de salud hay sub-registro de consultas por violencia.

En cuanto a Derechos Sexuales y Reproductivos, sistemáticamente se niega la anticoncepción de emergencia en servicios públicos, mientras que personal de salud denuncia a mujeres que concurren a servicios por complicaciones post aborto o aborto incompleto. Hay además, una ausencia de campañas para promover la detección temprana de cáncer cérvico-uterino y las estadísticas indican que aproximadamente 45% de las mujeres o menos se ha realizado el PAP en los últimos 3 años.

Finalmente, otro ámbito que ejemplifica estos desafíos lo constituyen las largas esperas para atención de salud, exámenes y retiro de medicamentos, que limitan el tiempo de descanso, de trabajo y generación de ingresos de las mujeres, lo mismo que las altas hospitalarias tempranas que aumentan la carga del trabajo de cuidado doméstico para las mujeres.

Todo lo anterior además, se da en un contexto en que el Derecho a participar en salud está restringido a la consulta, no hay mecanismos de participación vinculante.

¿Es el derecho al aborto un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, por qué?

Es un derecho de las mujeres decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción. El aborto seguro y legal es un derecho de las mujeres, su negación atenta contra el pleno derecho de las mujeres a decidir tener hijos o no, y cuando tenerlos.

Obligar a una mujer a mantener un embarazo no planificado, inoportuno o forzado, atenta contra su libertad, su autonomía corporal, su integridad física y emocional y se constituye en una forma de tortura gestada desde un marco jurídico que niega la igualdad de derechos a las mujeres.

¿El aborto por tres causales es un avance en términos de DD.SS. y RR. de las mujeres?

En estricto rigor no lo es, porque estas causales corresponden a un porcentaje muy bajo del total de abortos, aproximadamente un 4 por ciento. No obstante abre una oportunidad para que se despenalice por estas 3 causales después de décadas en que ha estado absolutamente prohibido y en que se cerró la posibilidad de debate público.

¿Qué rol juegan las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas en la demanda de derecho a la salud de las mujeres?

Los derechos actualmente reconocidos a nivel mundial son una conquista de las organizaciones de mujeres y feministas. Sin educación, sin activismo, sin trabajo de abogacía, estos derechos no habrían sido reconocidos. La posibilidad de que estos derechos sean efectivamente garantizados por el Estado, requiere de difusión, educación, denuncia, capacidad de propuesta, articulación y movilización de las organizaciones.